Fuente: El Temps nº 1.382, p. 19 (en catalán)

Autores: Gemma Aguilera y Àlex Milian

Traducción: Manuel Jorques ortiz

España mercadeó con el Sáhara (Portada)

Traición en el desierto

Dos soldados con una misión: fijar el precio del Sáhara Español
'El gobierno español nos encargó poner precio al Sáhara'
Evacuación precipitada
'Salimos del Sáhara con el rabo entre las piernas'
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Las “vergüenzas” de los gobiernos españoles respecto al Sáhara

Portada del nº 1.382 de la revista catalana El Temps.
Portada del nº 1.382 de la revista catalana El Temps.
Desde aquella literatura española del Desierto español, amable, llena de aventuras y personajes entrañables que recogió Ramón Mayrata en su conocido libro “Relatos del Sáhara Español” (CLAN editorial, 2.001), hasta el ambiguo pasar de puntillas, como hace Miguel Platón, en “Hablan los Militares” (Planeta Historia y Sociedad 2.001) sobre el escabroso y no resuelto problema del territorio y pueblo saharaui, no empezamos a conocer los lectores, interesados en el tema, algunas verdades ocultadas hasta que Tomás Bárdulo, en “La historia prohibida del Sáhara Español” (Ediciones Destino, 2.002) tuvo la valentía de aflorar una parte de las vergüenzas que los gobiernos de Franco, Carrero Blanco y Arias Navarro, durante la dictadura, y los de Suárez (transición política), Calvo Sotelo, Felipe González, José María Aznar (hasta el momento de su publicación) y José Luis Rodríguez Zapatero como continuador de la senda democrática de sus antecesores, nos habían (y continúan) ocultando celosamente.

Si Shakespeare hizo exclamar a Marcelo en el acto I de Hamlet aquello de “Algo está podrido en Dinamarca”, y José Mª Gómez Vilabella, refiriéndose a Ifni, dijo aquella famosa frase de que “nuestra Colonia no olía precisamente a colonia”, en el momento actual no nos cabe la menor duda de que aquellas afirmaciones pueden extrapolarse al Sáhara Occidental y a su fallido proceso de descolonización, autodeterminación e independencia.

La torpeza de nuestros dirigentes políticos y militares entre 1.960, cuando se recibe el mandato de descolonizar la provincia, hasta 1.973 en que se crea el Frente Polisario y efectúa su primer ataque armado a nuestras fuerzas (20/05/1973, Pozo de Janquel Quesat, situado a 42 kilómetros al norte de Edchera donde capturan a cuatro policías territoriales y se llevan su armamento) fue de tal naturaleza que las tribus nativas, nada o poco inclinadas a ser absorbidas por Marruecos, intentaron liberarse del dominio de España, mediante la fuerza (hay contabilizadas 32 agresiones a las tropas españolas, siendo la última el 19 de diciembre de 1.975), y cuando el general Gómez de Salazar, con el secretario general Rodríguez de Viguri, llegaron a El Aaiun con instrucciones precisas de descolonizar y llevar al pueblo saharaui a la independencia tras un referéndum en el que se votara su autodeterminación, los nativos no les creyeron, los militares radicales se opusieron, y los lobbies económicos con intereses en Marruecos hicieron cuanto pudieron (que fue mucho) para que España dejara abandonados el territorio y a sus habitantes, manchando una vez más (como hizo en Ifni y algo parecido en Guinea Ecuatorial) su propio honor, mancilla que nos han trasmitido a todos los españoles.

Y aunque el actual gobierno (como hicieron los anteriores) mire hacia otro lado y adule al “amigo” del Sur, lo cierto es que la Resolución S/2002/161, de la ONU, implícitamente anula los acuerdos de Madrid de 1.975, al estimar que España NO ha transferido la soberanía del Sáhara Occidental ni han otorgado a ninguno de los firmantes (Marruecos y Mauritania) el status de potencia administradora, estatus que España NO puede transferir unilateralmente.

Como la cuestión del Sáhara Occidental se halla en la actualidad tan candente, y el Ministerio de Asuntos Exteriores no sabe/no responde a los requerimientos que se le hacen para conocer donde y cuando se publicaron los acuerdos de Madrid, que al no haberse hecho en el Boletín Oficial del Estado carecen de la fuerza legislativa que requieren el artículo 1, apartado 5 del Código Civil, en relación con los 63.2, y 93 a 96 de la Constitución Española, nos ha parecido que el amplio reportaje publicado el 7 de diciembre de 2010 en el número 1.382 de la revista catalana EL TEMPS (en ese idioma), compuesto de varios artículos escritos por Gemma Aguilera y Àlex Milian, tiene un notable valor documental, por lo que hemos procedido a su traducción al castellano para que su contenido tenga una mayor divulgación, tal como a nuestro juicio se merece.

 14.591.202.498 pesetas.

Es el precio que posiblemente pagó a Marruecos el estado español por la “cesión” administrativa del Sáhara el 14 de noviembre de 1.975. Dos economistas catalanes elaboraron un estudio de valoración de las inversiones españolas en el Sáhara en el que se ponía precio a la colonia española. Enric Oliva y Víctor Farré recuerdan que las autoridades militares del Sáhara les aseguraron que ese, justamente, había sido el precio de la venta a los marroquíes.

EL TEMPS muestra los originales de estos documentos y el protocolo de evacuación de la “Operación Golondrina”, culminada en Enero de 1.976

Los acuerdos de Madrid del 14 de Noviembre de 1.975, firmados por España, Marruecos y Mauritania, fueron el capítulo final de la presencia española en el Sáhara y una traición a las promesas hechas a los saharauis de celebrar un referéndum de autodeterminación, tal como había aconsejado la misión de las Naciones Unidas que visitó el desierto en el verano de aquel mismo año.

Un grupo de saharauis esperan la misión de la ONU, en mayo de 1.975, seis meses antes que España incumpliera la promesa de autodeterminación.
Un grupo de saharauis esperan la misión de la ONU, en mayo de 1.975, seis meses antes que España incumpliera la promesa de autodeterminación.
Los españoles comenzaron la colonización del territorio del África Occidental en los años treinta del pasado siglo XX, no obstante haber montado la primera guarnición en 1.884, y le otorgaron el estatuto de provincia española, con capital en El Aaiun, en 1.957, un año después de dar la independencia al Rif. Las minas de fosfatos de Bucraa, que han acabado por convertirse en la principal riqueza del Sáhara Occidental –o de sus actuales ocupantes- fueron descubiertas en 1.947, aunque el potencial de tales yacimientos –sus enormes dimensiones (1.700 millones de toneladas)- no fueron suficientemente bien descritas hasta el estudio que en el año 1.962 realizó el gobierno español.

En 1.960 la ONU inició una política favorable a la descolonización, con la declaración de independencia de los países y pueblos colonizados. En 1.961 se creó el Comité de Descolonización, que presionó a los estados a dejar sus colonias y, concretamente, en el caso de España para que preparara la autodeterminación del Sáhara Occidental.

Durante más de una década convivieron en el gobierno español dos sensibilidades diferentes respecto a la solución del Sáhara. Según explica el periodista que dirigía Radio Sáhara en 1.974, Pablo-Ignacio de Dalmases, “el criterio del Ministerio de Asuntos Exteriores, responsable de la presencia de España en la ONU, era respetar la famosa declaración d descolonización para la independencia de los pueblos colonizados y, por tanto, favorable a seguir el criterio de las Naciones Unidas y proceder a la descolonización”. Pero el criterio de la presidencia del gobierno español, de la que dependía directamente el Sáhara y las demás provincias africanas, bajo el mando del almirante Carrero Blanco, “era la continuidad indefinida española”. Después de su asesinato, en Diciembre de 1.973, “el gobierno se inclinó -según Dalmases- por la descolonización y envió un nuevo equipo de gobierno al Sáhara, encabezado por Federico Gómez de Salazar como gobernador general”. Tenía la misión de preparar un referéndum de autodeterminación y, previsiblemente, la independencia del Sáhara, porque el gobierno español prefería mas tal opción (la independencia) que la de su anexión a Marruecos o a Mauritania. La cesión a Marruecos era, especialmente mal vista por Franco y por eso parecía muy improbable cuando, en la primavera de 1.975, una misión especial de la ONU visitó el Sáhara Occidental. Constituida por el embajador de las Naciones Unidas Simeón Aké (Costa de Marfil), la cubana Marta Jiménez Martínez y el iraní Manoucher Pisva, la misión visitó el territorio durante ocho días, además de viajar a Madrid, Nuakchot y Rabat para entrevistarse con los representantes de los estados implicados, y a Argelia con el fin de recoger las reivindicaciones del Frente Polisario.

En Madrid, según el informe de esta misión, los representantes de la ONU se reunieron con el Ministro de Asuntos Exteriores, Pedro Cortina Mauri, con el de Presidencia, Antonio Carro, y con el presidente del gobierno Arias Navarro. “En todas esas reuniones –dice el documento-, el presidente y los ministros discutieron francamente la misión política de su gobierno respecto a la descolonización. Pusieron de relieve el deseo del ejecutivo español, por un lado, aplicar las decisiones de las Naciones Unidas, y por otro, de retirarse completamente del territorio lo más pronto posible”.

Pese a tal declaración de intenciones, medio año después llegaron los acuerdos de Madrid con Marruecos y Mauritania, acuerdos que tenían “anexos económicos secretos”. Uno de los anexos no secreto pero si económico era que los españoles podrían quedarse con el 60% de los fosfatos de las minas de Bucraa. Otros continúan siendo secretos. Nadie no los relaciona con los documentos que presentamos en el siguiente reportaje, un protocolo de venta que pone precio al Sáhara Occidental, pero nadie hasta ahora había mencionado la existencia de estos documentos que sus redactores –simples reclutas con estudios de ciencias económicas finalizados- presentan a EL TEMPS.

En el cambio de orientación de las decisiones del gobierno español respecto al Sáhara se sabe que había un poderoso lobby pro-marroquí dentro del gobierno español, que, según algunos autores, era encabezado por el ministro del Ejército, Francisco Coloma Gallegos, que había sido coronel de la Legión en el Sáhara, durante dos años.

Con Franco gravemente enfermo, los hechos se precipitaron a fina de Octubre. El 22 de Octubre el ministro Solís Ruiz visitó Rabat, en nombre del gobierno español. El día 23 el hermano del rey Hassan II, Muley Abdal-lá, declaró a la agencia EFE que España y Marruecos estaban “condenadas a entenderse” en la cuestión del Sáhara Occidental, y anuncia que ha ofrecido al gobierno de Franco el 60% de los fosfatos de Bucraa y la posibilidad de mantener bases miliares en territorio del Sáhara para poder defender las Islas Canarias. Al mismo tiempo amenazaba que la “Marcha Verde” –una marcha de civiles marroquíes hacia el Sáhara para reclamar lo que consideraba era de ellos- era imparable y se haría “en las fechas previstas”.

El Príncipe Juan Carlos visitó el Sahara Occidental el 2 de Noviembre de 1.975 para prometer que no se daría “ningún paso hacia atrás”, doce días antes de la claudicación ante Marruecos, que causó la ira del Frente Polisario (al lado, en manifestación)”
El Príncipe Juan Carlos visitó el Sáhara Occidental el 2 de Noviembre de 1.975 para prometer que no se daría “ningún paso hacia atrás”, doce días antes de la claudicación ante Marruecos, que causó la ira del Frente Polisario (al lado, en manifestación)”
El 2 de noviembre, el príncipe Juan Carlos, en funciones de Jefe de Estado a consecuencia de la agonía de Franco, visitó las tropas españolas en El Aaiun y, según diversas fuentes, les prometió que “España no dará ningún paso hacia atrás, cumplirá todos sus compromisos, respetando el derecho de los saharauis a ser libres”.

El 6 de noviembre unos 300.000 marroquíes –según fuentes de Marruecos- empezaron la caminata que pretendía poner fin a la ocupación efectiva del territorio por parte de España e impedir cualquier tipo de proceso de autodeterminación. La “Marcha Verde” fue preparada a conciencia y posiblemente consultada con Washington, que habría dado su “visto bueno” a través de Henry Kissinger, en el mes de agosto, según Tomás Bárdulo en “La Historia prohibida del Sáhara español” (Destino 2.002). Y resulta difícil de creer que los servicios de espionaje españoles no conocieran las intenciones de Marruecos.

El 14 de noviembre de 1.975 se firmaron los acuerdos de Madrid, comenzando la evacuación urgente de civiles y los últimos militares españoles se fueron definitivamente el 28 de febrero de 1.976. Traición consumada.

Las Naciones Unidas han dictado diversas resoluciones, durante los últimos 35 años, insistiendo en la necesidad de que se lleve a efecto el referéndum de autodeterminación en el Sáhara, aunque ha ido retrasado las fechas para ello.

Actualmente, el Sáhara Occidental es uno de los dieciséis territorios no autónomos en el mundo que la ONU reconoce que han de ser descolonizados. 35 años después de traicionar al Sáhara, el desierto continua ocupDos soldados con una misión: fijar el precio del Sáhara Español

Fuente: El Temps nº 1.382, pp. 22 a 27 (en catalán)
Autora: Gemma Aguilera
Traducción: Manuel Jorques ortiz

España quería comerciar con el Sáhara, sacar un rendimiento económico de la descolonización de aquel territorio. A la vez que los gobernantes españoles de la Colonia efectuaban los últimos retoques al proceso de preparación de la independencia del pueblo sahauries –que hacía quince años que duraba-, en 1.975 dos jóvenes soldados catalanes, del último contingente de tropas destinadas al Sáhara recibían un encargo: valorar las inversiones y las propiedades del estado español en la Colonia desde principio de los años 60. Claro y conciso: tenían que poner precio al Sáhara. Víctor Farré y Enric Oliva, de 23 y 25 años de edad, respectivamente, con los estudios de la licenciatura en ciencias económicas recién terminados, pasaron de lavar platos, pelar patatas y llevar a cabo los servicios propios de los soldados rasos a dirigir una comisión de estudios especiales. Cómodamente instalados en una residencia de funcionarios, dejaron el uniforme militar y pasaron a disponer de un “pase” que les permitía obtener toda la información necesaria sobre el territorio sin ningún tipo de restricciones.

Resumen general de las inversiones y propiedades del estado español en el Sahara. No se incluyen el negocio de los fosfatos ni la inversión militar. El estudio consta de un centenar de páginas.
Resumen general de las inversiones y propiedades del estado español en el Sáhara. No se incluyen el negocio de los fosfatos ni la inversión militar. El estudio consta de un centenar de páginas.
“Recuerdo que la primera cosa que nos dijeron es que íbamos a cumplir unas funciones que no podíamos explicar a nadie, y que en ningún caso dijéramos que éramos militares. Se nos había encargado valorar económicamente una hipotética descolonización desde la perspectiva de traspaso de poderes a un gobierno autónomo sahariano Se trataba de saber cuánto valía aquel territorio, y después se decidiría si se regalaba, si se cobraba o se cambiaba por alguna cosa. Fuera como fuera, era un estudio que se tenía que hacer para sentarse en una mesa de negociaciones, bien con el Sáhara o con Marruecos. Ese informe sería la única valoración que tendría el gobierno español sobre la Colonia. El reto era brutal”, explica Víctor Farré.

El estudio les fue encargado en Abril de 1.975 y lo finalizaron el 30 de septiembre de aquel mismo año. La cifra total: 14.591.202.498 pesetas, que hoy, 35 años después, tendrían un valor de 14,2 billones de pesetas, o sea 85.370 millones de euros (teniendo en cuenta a tasa de actualización al 973,5%, según el Instituto Nacional de Estadística). Durante ese periodo el estado español se vanagloriaba ante la comunidad internacional de trabajar para convertir a la Colonia española en un estado independiente. Y los cargos militares del Gobierno General del Sáhara creían de corazón en el proyecto, pero desde Madrid, el Ministerio de la Presidencia, encabezado por Antonio Carro, tenía otro guion sobre la mesa. Vender –oficialmente, ceder- la administración de la Colonia a Marruecos.

Víctor Ferré y Enrique Oliva firmaban el 30 de Septiembre de 1.975 un voluminoso y detallado informe sobre el costo económico que había soportado España para la descolonización del Sáhara. 14.591.202.498 pesetas. ¿Por qué quería Madrid tal cuantificación? Posiblemente para cobrársela a los sahauries en el supuesto de que obtuvieran la independencia, o tal vez para vender la Colonia a Marruecos. El TEMPS analiza los originales de dicho informe.

El día de la venta

Dicho y hecho. El 14 de Noviembre de 1.975, seis días antes de la muerte de Franco, se firmaban los acuerdos de Madrid. Sobre el papel se trataba de una declaración de principios entre el estado español, el de Marruecos y el de Mauritania respecto al Sáhara Occidental. España transfería la administración de la Colonia pero no la soberanía, a Marruecos y Mauritania. De tales acuerdos solo se hizo pública una imprecisa declaración: “España se propone poner fin definitivamente a su presencia en el Sáhara, y la fecha tope es el 28 de febrero de 1.976. En el intervalo se propone transferir sus poderes y responsabilidades a una administración temporal que se ha de formar, constituida por los gobernadores adjuntos -marroquí y mauritano- y el actual gobernador general. Tendrá la colaboración de la Yemáa, que expresará la opinión de la población”.

La ley de descolonización del Sáhara fue aprobada por las Cortes españolas el 16 de noviembre y, a finales del mes de enero de 1.976, los últimos militares españoles abandonaban la Colonia. Tres años más tarde, en agosto de 1.979, Mauritania se retiraba de la parte sur y dejaba todo el territorio en poder de Marruecos.

Los anexos del pacto

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Los dos jóvenes economistas firmaban el estudio el 30 de Septiembre de 1.975. Los soldados gozaron de todo tipo de facilidades para efectuar sus cálculos, y las diversas administraciones, como la de puertos, les aportaron cifras muy detalladas.
Tal como consta en el acta de las conversaciones entre las delegaciones del Reino de Marruecos, la República Islámica de Mauritania y España a propósito de los aspectos económicos derivados de la transferencia de la administración del Sáhara, la única cuantificación que podría considerarse como indemnización hacía referencia a la pesca. Se acordaba que, durante veinte año, 800 barcos españoles podrían pescar en aguas del Sáhara pagando un canon modesto a partir del quinto año y, además, España podría mantener el control del 60% del negocio de los fosfatos, que entre Marruecos y el Sáhara sumaban aproximadamente el 100% de la producción mundial. En segundo lugar, se crearía una comisión mixta para inventariar los bienes públicos españoles que serían transferidos como parte integrante del territorio, y la de aquellos bienes que pudieran ser objeto de transferencia mediante pago de una indemnización. Tales acuerdos, no obstante, nunca fueron respetados por Marruecos, y España no hizo por ello un causus belli.

En ningún lugar se hacía referencia a un precio de venta, pero en los acuerdos de Madrid existen unos anexos secretos donde, al parecer, esté incorporado el informe de los dos soldados catalanes. Si Marruecos pagó o no los 14.591.498 pesetas posiblemente no se sabrá nunca de forma cierta –el gobernador general del Sáhara, Gómez de Salazar, y el secretario general, Rodríguez de Viguri, ambos muy disgustados con la entrega de la Colonia a los marroquíes, están muertos-, pero tanto Víctor Farré como Enric Oliva, que lo rememora en la entrevista que publicamos en las páginas 28 y 29, como ya lo avanzó el semanario del Ampurdán Hora Nova, recibieron la medalla al Mérito de África por su estudio económico.

Y, todavía más. La tarde en que se firmaron los acuerdos de Madrid, ambos soldados fueron convocados al despacho de los máximos dirigentes del gobierno general del Sáhara. Allí, Gómez de Salazar y Rodríguez de Viguri les informaron que el proceso de independencia había fracaso, pero que ellos tuvieran el consuelo de que el traspaso se había efectuado por el precio exacto calculado por los dos soldados catalanes.

Víctor Farré, examina el estudio que hizo, junto a Enric Oliva, hace 35 años. Dice que su estancia en la Colonia española, a los 23 años, fue una lección de vida y un entrenamiento personal impagables.
Víctor Farré, examina el estudio que hizo, junto a Enric Oliva, hace 35 años. Dice que su estancia en la Colonia española, a los 23 años, fue una lección de vida y un entrenamiento personal impagables.
El documento, de un centenar de páginas, desgrana minuciosamente las propiedades, desde los edificios hasta el material fungible de oficinas, pasando por inversiones en agricultura, carreteras construidas o material de señalización marítima. Algunas dificultades de acceso a la información, sobre todo en lo relativo a los edificios y extensiones de terrenos, hicieron que los economistas novatos advirtieran de que podía existir un margen de error en el cálculo del 3%.

En el texto introductorio los autores remarcan que en todo momento se han servido de “informes directos de todos los servicios de este gobierno, especialmente de los de Arquitectura, Registro de la Propiedad, Sección de Patrimonio y Hacienda y del Instituto Nacional de la Vivienda”, aparte de “informaciones recogidas in situ por esta Comisión Especial”. A modo de ejemplo, el valor de los inmuebles propiedad del estado español en la Colonia en los treinta núcleos de población existentes sumaba 3.360.768 pesetas.



Los analistas destacan en su informe que el coste de las obras públicas son más elevados debido a que se emplea mano de obra en vez de maquinaria, para luchar contra la desocupación. A la derecha, un mapa del Sáhara Occidental en el que se sitúan las obras realizadas. Debajo, los cálculos del valor de los bienes muebles según dos supuestos: que el Sáhara sea independiente, o que se tenga que efectuar una evacuación forzosa del territorio. En este último caso alguno de los bienes se quedarían en el territorio porque trasladar el material a Canarias o Cádiz resultaría más caro.

En el capítulo de obras públicas se inventariaron las obras a precio de coste y se actualizaban los valores aplicando un coeficiente combinado de depreciación y revalorización. Según los cálculos, la cifra invertida llegaba a 8.462.623.073 pesetas, es decir, más del 50% del total contabilizado en el estudio. En ese ámbito, el trabajo fue algo más sencillo, porque disponían de una estadística completa del kilometraje construido y el precio por kilómetro actualizado. Como el coste en la construcción de carreteras era muy elevado, Farré y Oliva consideraron oportuno aclararlo, a la vez que, de paso, se ponía de manifiesto la voluntad descolonizadora del gobierno del Sáhara: “Este valor es tan alto debido a que en la construcción de las pistas se hace servir preferentemente mano de obra, en detrimento de métodos de construcción más eficaces y no tan costosos. Tal hecho obedece a la política de lucha contra el paro, que ha sido una de las constantes preocupaciones del gobierno en este territorio”. En ese apartado se llegaron a contabilizar hasta las alcantarillas –en 1.965 se habían invertido tres millones de pesetas en el sistema de alcantarillado-, las conducciones de agua y el alumbrado público.

Respecto de la arquitectura, el informe cuantifica el valor de los hospitales, dispensarios, políticas sanitarias contra el cólera, polideportivos, piscinas, casinos, viviendas y también mezquitas, iglesias, mercados y mataderos, entre otros. El valor de los edificios religiosos, mataderos, cementerios y mercados, por ejemplo, ascendía a 57 millones de pesetas, mientras que la inversión en hospitales y atención sanitaria era de 61 millones de pesetas. La partida mayor se había destinado a la construcción de viviendas y urbanizaciones: 215 millones a precio de coste.

Con referencia al capítulo de agricultura, Farré y Oliva cuantificaron el coste de la ganadería que también pertenecía al estado español. Los animales habían costado 2,2 millones y en terrenos, cultivos y edificios y explotaciones ganaderas se habían invertido 105.280.000 pesetas. El estudio también calculaba el valor del parador de turismo del Sáhara: 218.928.968 pesetas.

Dos modelos de evacuación

En el apartado que cuantifica los bienes muebles, los autores ya hacían referencia a la evacuación del territorio y exponían dos supuestos: “En el supuesto 1 se evacua todo el material, y en este caso se facilita peso, volumen y zona de embarque del material. En el supuesto 2 se evacuan solamente algunos bienes que por sus características son de especial rendimiento y siempre que evacuarlos no implique una grave distorsión en el funcionamiento de los servicios. En este supuesto se valora el material que se quedará en el territorio”. En la relación de bienes muebles para servicios aparecen, por ejemplo, Radio Sáhara, valorada en 25.000.000 de pesetas; la delegación de la ONCE, con unos bienes que se valoraron en 49.048 pesetas; dos cámaras Polaroid Mini Portrait M-40, por un importe de 75.000 pesetas; o un videocasete Philips, valorado en 65.000 pesetas. En el supuesto que solamente se tuvieran que evacuar los materiales más valiosos y que se dejaran en el territorio los imprescindibles para el funcionamiento normal de los servicios o los de escaso valor, los bienes transportados abandonados en el Sáhara sumarian 94.855.405 pesetas.

Cerrado por evacuación

Los economistas valoraron un segundo estudio, cuando ya se sabía que el Sahara iba a pasar a manos marroquíes. Calcularon las indemnizaciones a las empresas europeas que debían abandonar inminentemente el territorio.
Los economistas valoraron un segundo estudio, cuando ya se sabía que el Sáhara iba a pasar a manos marroquíes. Calcularon las indemnizaciones a las empresas europeas que debían abandonar inminentemente el territorio.
Una vez finalizada la tarea de poner precio a la Colonia española, los dos economistas catalanes recibieron un segundo encargo: calcular las indemnizaciones a que tendrían derecho los propietarios de negocios cuando tuvieran que abandonar el territorio. El documento es firmado el día 15 de noviembre de 1.975, justamente el día siguiente a la firma de los acuerdos de Madrid.

Pero, lógicamente, el trabajo de campo y los cálculos se habían iniciado muchos antes. Farré y Oliva explican que enviaron cuestionarios a las empresas, desde las más grandes hasta pequeños comercios. Solicitaban información sobre partidas del balance, como por ejemplo los recursos propios, el volumen de ventas y los beneficios, además de las inversiones realizadas en el negocio en los últimos años. La información se completó con los datos que poseía Hacienda.

En la introducción del estudio se deja claro que los economistas asumen que el Sáhara acabará en manos de Marruecos. “El objeto de este estudio es determinar los créditos a conceder a las empresas propiedad de europeos (nombre con el que se designaba a los españoles que vivían en el Sáhara pero que eran originarios de la península, mientras que a los saharauis, aunque tuvieran DNI español, eran conocidos por nativos), que hayan tenido que abandonar el territorio, como ayuda para poder reemprender sus negocios en otra provincia española”.

Si el Sáhara Occidental debía ser independiente, no hacía falta que las empresas abandonaran el territorio. Por tanto, cuando se hizo el informe, durante octubre y los primeros días de noviembre de 1.975, ya existían muchos rumores sobre la cesión a Marruecos. La comisión de estudios especiales propuso conceder créditos a un interés del 6%, a un plazo de diez años, con un primer año de carencia de pago de la cuota, aunque sí de los intereses. “Era una forma de indemnizarlos sin tenerles que pagar al contado” explica Víctor Farré, quien recuerda que también se propuso que los créditos se concediesen sin necesidad de avales “porque la mayoría eran gente cuya única solvencia consistía en su pequeño negocio o su trabajo”.

Dinero para reemprender el negocio

El presupuesto global de los créditos a conceder a las empresas propiedad de europeos residentes en el Sáhara ascendía a 803.670.000 pesetas para un total de 325 negocios. La empresa distribuidora de combustibles CEPSA cobraría 11 millones de pesetas, mientras que en el tramo inferior se situaban los bares, con indemnizaciones que oscilaban entre las 350.000 pesetas y 500.000. La sala de fiestas Ébano Club recibiría 3.300.000 pesetas; Insamarta, fábrica de harinas y pescado, percibiría 18.000.000 pesetas, mientras que el cine Aaiun debía ser retribuido con 7.500.000 pesetas. En total, Farré y Oliva pusieron como precio por el cierre de las más de 300 empresas, entre las que había un pescador catalán dedicado a la compra y venta de langostas, que tendría derecho a 4.000.000 pesetas.

Pero ¿los empresarios llegaron a cobrar tales compensaciones en forma de cheque o crédito “blando”? Rafael de Valdés fue el representante español en la comisión tripartita que negoció la cesión a Marruecos en los acuerdos de Madrid. Y, aunque no tenía el cargo oficial de gobernador general del Sáhara porque la Colonia ya no era española, se quedó en el territorio hasta el 28 de febrero de 1.976. Después presidió la comisión liquidadora en Las Palmas, que de hecho era la antigua delegación de Hacienda del Sáhara.

Esta comisión ya había desembolsado 163 millones de pesetas en concepto de indemnizaciones por el desarraigo sufrido por 3.500 evacuados cuando se empezó a estudiar el pago de compensaciones a comerciantes y empresarios. El organismo se hallaba integrado por diversos delegados ministeriales. Se tenía que hacer estudios sobre los negocios que reunían las condiciones necesarias para el percibo de indemnizaciones. Estas condiciones eran: que el inmueble en que se ubicara el negocio o industria no se pudiera desmontar, que las materias primas no pudiesen ser evacuadas o que se hubiesen perdido durante el trayecto, o cualquier otro perjuicio que se pudiera justificar directamente por los descolonizadores.

El hijo del presidente de esta Comisión, llamado también Rafael de Valdés, confirma que se hicieron los pagos a los propietarios: “Mi padre presidía esta comisión en Las Palmas, que efectivamente pago las indemnizaciones a los comerciantes que vivían en el Sáhara, muchos de los cuales rehicieron su vida en las Canarias. Si Marruecos pagó una compensación económica a España por la cesión no lo puedo asegurar, pero no me parecería muy extraño”, asegura. 

Fosfatos y pesca, puntos clave

Aparentemente, el Sáhara Occidental es un desierto. Pero alrededor de este territorio siempre se ha escondido una espesa red de intereses históricos, económicos y geoestratégicos entre España y Marruecos, que explican porque finalmente la colonia española no obtuvo la independencia. Marruecos quería el control absoluto de los abundantes recursos naturales del desierto, especialmente la fosforita, una ronca que contiene pentoxido de fosforo, componente esencial del ácido fosfórico. Este producto es de gran importancia para la agricultura, porque es un componente de los fertilizantes. La mina de Bucraa, una de las mayores del mundo, fue descubierta en territorio sahariano en 1.963. Al precio actual, los fosfatos procedentes de dicha mina aportan a las arcas del reino de Marruecos unos 1.250 millones de euros anuales.

Posiblemente, el hallazgo de esta mina hirió gravemente las aspiraciones de independencia del Sáhara Occidental, pese a que tres años antes el gobierno español había empezado el proceso de descolonización.

Por otro lado, la industria pesquera también explica la conjunción de intereses que 35 años después mantienen bloqueada la situación nacional del Sáhara. La costa sahariana es un punto estratégico para Marruecos. De hecho, entre el70% y el 90% de las capturas marroquíes se embarcan en territorio sahariano.

Los recientes incidentes de El Aaiun han devuelto la actualidad al conflicto. El motivo de estos incidentes es que Rabat desmanteló por la fuerza el campamento que los saharauis habían instalado a las afueras de la ciudad, reclamando mejoras de sus condiciones económicas. El Frente Polisario y Marruecos han de iniciar conversaciones, y el día 13 de Septiembre, la UE abordará con Marruecos la situación del Sáhara Occidental. Mientras tanto, el gobierno español mantiene unas ambiguas posiciones respecto al territorio que hasta hace algo más de tres décadas era una provincia más

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